La presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, anunció en conferencia de prensa desde la Casa Rosada que el ingreso de las telefónicas al mundo de los medios fue descartado. La decisión tomada pretende conciliar posiciones ante los reclamos vertidos por los exponentes más conservadores (la nueva derecha argentina) y las posturas críticas constructivas de los referentes progresistas. Como representaba uno de los puntos que más controversias generaba en el tratamiento de la propuesta del proyecto de ley de Servicios de comunicación Audiovisual, con este paso se abre un canal de diálogo con los diputados y senadores que estén dispuestos a votar la ley que reemplazará la ley de radiodifusión impuesta por el decreto del dictador (y asesino) Rafael Videla.
Más allá del anuncio mismo, lo que quedó en evidencia es la falta de capacidad analítica de los opositores, porque ante el posible avance de las telefónicas en los negocios de los medios, reconocieron que se reemplazaba un monopolio por otro; es decir, aceptaron la existencia del monopolio mediático y la concentración de la información. Por lo tanto, cada uno de los partidos opositores que objetan la ley que está en discusión y se debate en el Congreso, que recoge el trabajo de muchas organizaciones sociales e instituciones, entre ellos los 21 puntos básicos de la Coalición por una Radiodifusión Democrática, y que además pasó bajo la lupa de 24 foros en todo el país y, para mayor transparencia, se sumaron 4 audiencias públicas en la misma Legislatura; por sus ambiciones y escasa cintura política -salvo Stolbizer o, ahora, Prat Gay- van quedando pegados a los designios de Clarín. Peor todavía, con esta toma de posición es posible conjeturar que son un instrumento útil de la vieja derecha remozada en la restauración conservadora; y se convirtieron en acérrimos defensores de las directivas y reglas fundadas bajo el funcionamiento de la prensa afín al Proceso de Reorganización Nacional.
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